Veracruz, Ver.- Al cumplirse 30 años de la requisa de Carlos Salinas de Gortari al puerto de Veracruz y arrebatar a los sindicatos portuarios de la fuente laboral, el gobierno federal reconoce la ilegalidad del despojo y podría reintegrarle sus propiedades confiscadas”, señaló Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal de los afectados.
En el gobierno dictatorial de Carlos Salinas de Gortari, sin más atribuciones que el abuso de poder, el 31 de mayo de 1991, hace 30 años, los trabajadores del puerto de Veracruz vieron que con las fuerzas armadas y policiales, comenzó al desalojo del puerto y de forma ilegal les arrebataron sus derechos, disolvieron la empresa “Servicios Portuarios de Veracruz” y despojaron a los gremios sindicales “Unión de Maniobristas Carretilleros, Cargadores, abridores y conexos de la ciudad y puerto de Veracruz”; “Unión de Checadores y Cargadores Similares del puerto de Veracruz”.
Alejandro Piulido Cueto, socio del sindicato e maniobristas y apoderado legal de los trabajadores, explicó que la lucha por recuperar todo lo que les fue robado y que habían adquirido como fundadores de la actividad portuaria, como la maquinaria, los edificios confiscados ilegalmente, que durante 30 años las autoridades de los gobiernos neoliberales no les reconocieron y les han cerrado la puerta sin quererlos escuchar.
Pero el 21 de septiembre de este año todo cambió, porque mediante un acuerdo firmado por el director de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fernando H. Serrano Monroy, en acta dirigida a los sindicatos portuarios, se les da a conocer que se ordena devolver el patrimonio del que fueron despojados los trabajadores por la inconclusa requisa de 1991.
Abogado laborista de profesión, Alejandro Pulido Cueto, dijo que la requisa de Carlos Salinas de Gortari contó con la sumisión de las autoridades de aquel entonces, como fueron el secretario de Gobernación Ferrando Gutiérrez Barrios, el titular de la SCT Andrés Caso Lombardo, el secretario del Trabajo Arsenio Farell Cubillas y el gobernador Dante Delgado Rannauro que actualmente es propietario del partido Movimiento Ciudadano y se ostenta como flamante crítico del sistema.
El pretexto de “la explotación del hombre por el hombre” que el gobierno federal enarboló como bandera, no fue un acto de justicia, sino de injusticia, porque anteriormente las empresas portuarias eran propiedad de los sindicatos y el gobierno las entregó a privilegiadas compañías nacionales y extranjeras que llegaron a lucrar y a llevarse el dinero de Veracruz, con el pretexto del entonces Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá.
5 mil familias directa e indirectamente dependían del puerto y ahora las ganancias de la operación portuaria no queda en una derrama económica para la ciudad y sus familias, sino que se va a otros lugares y al extranjero.
Tras la sumisión de Dante Delgado, Andrés Caso Lombardo, Arsenio Farell Cubillas y Fernando Gutiérrez Barrios, los jueces federales que llevaron el caso no lo cerraron, como no queriendo ser cómplices del despojo salinista, sino que lo dejaron abierto ante la posibilidad de que en el futuro alguien les resuelva a los trabajadores, y ese día llegó, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador procedió a reconocer que esa requisa no procedió y debería darse marcha atrás. Pulido Cueto, explicó que el director de relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fernando H Soriano Monroy, les suscribió el oficio 201/SDT/236/2021 que percibe como inexistente la requisa, con lo cual las dependencias están reconociendo esta situación que podría resolverse antes de que culmine el 2021, dejando un precedente de justicia laboral nunca antes visto en México.
“El acto de reintegrar lo robado a los ex sindicatos portuarios, será un acto de justicia de este gobierno, tras 30 años de cobarde ataque a la clase trabajadora, al servicio de la oligarquía”, puntualizó Pulido Cueto.
